El profesor, que empezó a trabajar en 2008, terminó la relación contractual el pasado diciembre, tras conocerse que era homosexual. La directora del centro le dijo que dada su condición sexual no podía garantizar su continuidad como docente y tras cumplirse la amenaza y no ser renovado, ha presentado una demanda por discriminación por orientación sexual.
Como se ha venido denunciando desde los colectivos LGTB, la legislación laboral actual supone una desprotección mayor para homosexuales, transexuales y bisexuales que ve cómo su visibilidad puede llevarles a perder su trabajo si sus superiores tienen prejuicios contra la diversidad sexual y de género.
En palabras de Susana Domíngez, presidenta de Jerelesgay:
La Junta de Andalucía tiene que intervenir en este caso con serios indicios de homofobia porque además se trata de un colegio concertado, cuyos salarios salen directamente de la Consejería de Educación”.
Boti G. Rodrigo, presidenta de FELGTB, ha recordado que ”se hace patente una vez más la necesidad de una ley de igualdad de trato donde se recojan las recomendaciones y directivas europeas de protección a la diversidad que hoy en día son ignoradas. Un Estado de Derecho debe garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género y no quedarse de brazos cruzados”.