Con 112 votos a favor y 18 en contra -PPC y Unió Democràtica de Catalunya-, el Parlament de Cataluña ha aprobado la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia para trabajar por la erradicación de la discriminación y violencia por orientación sexual o identidad de género en su territorio.
Tras su aprobación, el Front d’Alliberament Gay de Catalunya, la Plataforma LGTBcat, los grupos LGTB de UGT y CC.OO, Casal Lambda y Famílies Lesbianes i Gays han celebrado desde este jueves Cataluña con una ‘vacuna contra la homofobia, que es la gran epidemia del siglo XXI’, y que servirá para cambiar el paradigma.
Según ha selañado el portavoz del FAGC, Eugeni Rodríguez, la norma beneficiará a un millón de personas, ya que se calcula que entre un 10% y un 15% de la población catalana pertenece al colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.
En nombre de las diversas entidades, que estuvieron personadas durante el pleno, Rodríguez ha reclamado a la Generalitat que empiece desde este mismo viernes a aplicar la legislación para que ésta pueda ser conocida en todos los rincones del territorio.
Una norma severa con los delitos de odio
Asimismo, el portavoz de FAGC ve con buenos ojos que la norma obligue a los denunciados por una agresión homóbica a demostrar que no han llevado a cabo la agresión de la que se les acusa, como sucede en los casos de violencia machista.
La norma también prevé desarrollar y garantizar los derechos del colectivo LGTBI e impedir situaciones de discriminación y violencia, para lo que contempla medidas que van desde el trabajo pedagógico en escuelas y universidades hasta un régimen sancionador que establece multas contra infracciones leves, graves o muy graves.
El citado régimen sancionador -ése que tanto molesta a Duran i Lleida– prevé entre las infracciones el uso de expresiones vejatorias que inciten a la violencia, la discriminación en el acceso de personas LGTBI a un servicio público, el asedio y la convocatoria de actos que inciten al odio contra este colectivo.
Las sanciones por estas infracciones variará en función de si se trata de leves, graves o muy graves y van desde una multa equivalente al indicador de la renta de suficiencia -569,12 euros en 2014- a la prohibición de recibir ayudas públicas o subvenciones durante un máximo de cinco años.