Con el mismo chusco e indeseable subterfugio que consiguió bloquear la Ley Integral de Transexualidad de la CAM y la Ley para la Igualdad Efectiva del colectivo LGTB en la Comunidad Valenciana, el partido en Gobierno pretende mermar la aplicación efectiva de la Ley Integral de Transexualidad Andaluza; alegando -como ya es hábito- los supuestos defectos de forma y la invasión de competencias.
Para ello, el Gobierno ha instado a la Junta de Andalucía a formar parte de un grupo de trabajo que proponga una solución a las citadas ‘discrepancias’ sobre varios artículos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, aprobada en el Parlamento andaluz el pasado 25 de junio por unanimidad.
Este grupo de trabajo ha sido creado para evitar la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma, aunque desde la Junta aprecian que sólo es un ‘paso previo’ al mismo.
Reclaman su ”derecho” a discriminar
Según ha trascendido a los medios de comunicación, los artículos en los que el Gobierno discrepa:
- Regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la ‘identidad de género manifestada’ por las personas transexuales
- Reconocen el derecho de los menores ‘con disconformidad de su identidad de género’ a ‘utilizar libremente el nombre que hayan elegido’
- Incluyen en la ‘cartera básica de servicios’ sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.
Reacciones de reprobación y rechazo
Mientras es de merecido recuerdo tanto las numerosas trabas que las asociaciones trans y partidos políticos tuvieron que salvar durante el año pasado para que el Proyecto de Ley saliera adelante como la extrema situación a la que tuvieron que llegar los colectivos activistas para ser escuchados, el partido en Gobierno reniega hoy de la aprobación de una norma en la que todos los grupos políticos de la Junta de Andalucía estaban de acuerdo.
Por esta razón, numerosas voces ya han calificado este movimiento de treta desacreditadora tanto de la cámara como de los grupos y activistas impulsores de la norma; evidenciando la presión a la que someten al órgano legislativo andaluz.
En palabras de Alba Doblas, portavoz adjunta de IULV-CA -partido que impulsó el texto en la cámara-:
No se puede hacer ni una concesión. (La Ley de Transexualidad) no es recurrible jurídicamente. Solo desde la represión y la marginación cabe recurso.’
Doblás señala posteriormente que la creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, puesto que al ser informado el alto tribunal sobre la creación de este grupo de trabajo ‘a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional’, se amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad.
En el mismo sentido, Raúl González, Presidente de la Fundación Triángulo Andalucía, ha afirmado:
Desde Fundación Triángulo Andalucía nos gustaría conocer de boca de Cristobal Montoro y de Esperanza Oña -vicepresidenta del Parlamento Andaluz por el PP- cómo puede ser que un día voten a favor y al día siguiente piensen que 6 artículos que apoyaron son anticonstitucionales.’