Hace 14 años el Congreso de los Diputados aprobaron el matrimonio igualitario en España; sin embargo, el avance de los derechos de la comunidad LGTB sigue siendo objeto de disputas políticas.
Aun hay poca tolerancia y muchas barreras legislativas frente al colectivo, especialmente para las personas transgénero.
Afortunadamente, rumbo a las próximas elecciones, la mayoría de los partidos han adoptado un discurso a favor del colectivo, en mayor o menor grado.
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PP: posiciones conservadoras
En su programa electoral no mencionan al a colectivo LGBT o sus reivindicaciones; el PP fija su atención en la familia y en una batería de propuestas sociales para facilitar la conciliación, el apoyo a las familias numerosas y el impulso a la maternidad.
Se trata del partido que más resistencia ha planteado a la aprobación de cualquier tipo de legislación relativa al colectivo LGBT. Durante el pasado invierno Unidos Podemos introdujo la Ley de Igualdad en el Congreso.
En la práctica el PP planteaba una legislación LGBT específica y única; esta fue rechazada por casi todos los grupos.
La iniciativa popular no introducía medidas obligatorias ni en materia administrativa ni en materia educativa. También retiraba cualquier mención a la situación de los transgénero menores de edad, elemento muy criticado por los representantes LGTB.
PSOE: ausencia de menciones
Se trata de uno de los partidos más activos históricamente en la promoción y defensa de los derechos LGBT, pese a eso no ha incluido menciones en su programa electoral.
Anteriormente el partido se comprometió en apoyar la ‘Ley de la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género’, comúnmente conocida como Ley de Igualdad LGTBI; fue registrada por Unidos Podemos en el Congreso hace más de un año.
Hace un año la formación registró en el Congreso la ‘Ley de igualdad de trato’. Entre sus objetivos se encontraban la lucha contra la discriminación y los delitos de odio contra el colectivo LGTB; esto en paralelo a las leyes contra los delitos de odio, la Ley LGTBI que aun está por aprobarse y la Ley de Transexualidad, que también está en pausa.
Sin embargo, esto no los ha librado de polémicas, pues diversas organizaciones LGTB han acusado a PSOE de ignorar las demandas del colectivo.
En la Comunidad Valenciana, la formación ha impulsado, junto a Compromís y Podemos, una ley autonómica de Igualdad LGTBI, ante la cual el gobierno no se ha mostrado muy conforme.
Unidas podemos: el apoyo más visible
La coalición de izquierda es la más abierta en su apoyo para las personas LGT; su programa electoral incluye diversas medidas que afectan directamente al colectivo o que los incluye explícitamente.
Una de las más importantes son los protocolos contra las violencias machistas y LGTBIfobicas para los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.
De igual forma, reconocen la diversidad familiar como núcleo para el colectivo y plantean:
“Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTB, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja”.
Buscan institucionalizar la existencia de parejas no-normativas; fueron los responsables de registrar la Ley de Igualdad LGTBI y la Ley de Transexualidad.
También proponen una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y su derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género.
A su vez, plantean medidas que faciliten su inserción en el mercado laboral, un “acompañamiento sanitario bajo criterios no patologizantes” y la inclusión de sus necesidades en el Sistema Nacional de Salud.
Ciudadanos: apoyo circunstancial
Durante los últimos años el partido ha adoptado un discurso pro-LGTB; han desfilado en el Orgullo de Madrid y mostrado su compromiso con la lucha por la igualdad de los españoles sin importar su género u orientación sexual.
En su discurso de “soluciones para cambiar España a mejor” han mencionado una nueva “Ley Integral de Identidad y Expresión de Género y de Protección contra toda Discriminación por Diversidad Sexual y de Género”.
De igual forma, han planteado reformar la Ley 3/2007 con la eliminación del límite de edad del artículo 1° para facilitar la modificación de sexo de menores de edad en el registro censal; así como suprimir la obligatoriedad del Artículo 4°, por el cual se exigen tratamientos médicos para acceder al procedimiento.
El partido ha apoyado el trámite de leyes similares tanto en el Congreso de Diputados como en las Comunidades. También han puesto trabas a la propuesta socialista de crear “una figura independiente que pueda investigar de oficio situaciones de discriminación”.
También ha ralentizado la aprobación de una legislación propia en Cantabria.