El pasado 6 de noviembre el Boletín Oficial del Estado hizo pública la exclusión de las mujeres sin pareja varón de las técnicas de reproducción asistida en la Cartera Común del Sistema Nacional de Salud. Una discriminación que los colectivos de mujeres y LGTB llevan meses evidenciando y reprobando.
A partir de este anuncio, la única posibilidad de que se reconozca el derecho a todas las mujeres a formar una familia a través de la Sanidad Pública pasa por las carteras de servicios complementarias de las comunidades autónomas, algo que afecta de manera irregular a las mujeres según su residencia y por lo que las entidades han exigido hoy su fin.
Coincidiendo con el día que se aprobó la Convención sobre la eliminiación de la discriminación contra la mujer, las asociaciones de FELGTB han realizado actos en todas las comunidades con la excepción de Cataluña, donde una ley ampara la diversidad familiar.
¿Qué han conseguido?
Extremadura, Canarias, Andalucía, País Vasco y Asturias se han comprometido a que sus servicios sanitarios estarán libres de discriminación, a cuyas Consejerías de Sanidad se ha pedido que oficialicen ese ajuste antes de las próximas elecciones.
Al resto de comunidades se les ha pedido que reconozcan la discriminación y la aborden cuanto antes, porque como dice la carta “la salud, según el concepto que define la OMS, es el estado de bienestar biológico, psicológico y social, y no una cuestión meramente biomédica, por lo que el supuesto de incapacidad de procreación de nuestras parejas, o mujeres solas, tendría cabida en nuestra sanidad pública”.
En este sentido, Isabel Gómez, vocal de Igualdad de FELGTB, ha declarado:
Se dan razones económicas para ocultar las ideológicas: la exclusión del derecho a la maternidad a las familias que no están constituidas por un hombre y una mujer. Creemos que las Consejerías de Sanidad deben tomar cartas en el asunto y proteger a todas las familias en igualdad de condiciones.”
Boti G. Rodrigo, presidenta de Federación, ha recordado que la propia ley les ampara, pues:
Ya en julio de 2013 señaló el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condenó al Principado a abonar los gastos de estos tratamientos a una mujer lesbiana porque, según la sentencia, con la exclusión se estaría obligando a una persona de orientación homosexual o persona sola a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación”.