La Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español ha señalado, al cumplirse el primer año de entrada en vigor del RD 16/2012, que es mayoritario en la sociedad española el rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno español en materia sanitaria. Para la Alianza, este Real Decreto eliminó dos pilares básicos del Sistema de Salud Nacional, como son la equidad y la universalidad, además de vulnerar el derecho humano a la salud, y ha supuesto un grave ataque a la dignidad de las personas, propiciando un aumento de la exclusión social. Por ello, dada las consecuencias, exige la derogación inmediata de este Real Decreto.
La Alianza de Plataformas denuncia que “esta errónea decisión política, de tendencia marcadamente neoliberal, sitúa los derechos como prestaciones asistencialistas”. En este sentido, señala que “el modelo de aseguramiento público que estableció es económicamente inviable para las personas en situación de exclusión social. La implantación del RD ha dejado fuera del sistema sanitario a las poblaciones más vulnerables: migrantes en situación irregular, trabajadoras/es sexuales, personas con enfermedades crónicas”. La Alianza le recuerda al gobierno que “con el Real Decreto incumple las recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos humanos de Naciones Unidas sobre que ninguna medida de austeridad es lícita si vulnera los derechos humanos.
Las organizaciones de la Alianza han constatado durante este año que además de las personas migrantes, ciudadanos españoles también se han visto afectados por esta ley: personas en exclusión social sin empadronamiento o sin documentación actualizada, personas sin hogar, drogodependientes y personas mayores que no cotizaron nunca.
Carlos Varela, representante de la Alianza ha señalado que “las organizaciones de VIH denunciamos que no se hizo un estudio previo de impacto del RD, que no se está haciendo seguimiento adecuado del impacto y que no hay indicadores vinculados a la salud pública que nos puedan dar información sobre las consecuencias de este decreto en la salud pública”. Precisamente, el estudio de este impacto a partir del primer año de su implantación, fue uno de los compromisos asumidos por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la reunión mantenida con la Alianza el pasado 8 de Mayo de 2013. Por ello, desde la Alianza se exige que se pongan en marcha las acciones que permitan evaluar el impacto de forma inmediata.
La Alianza quiere reconocer y apoyar a los miles de profesionales de la sanidad que se han declarado objetores ante esta ley, y que a pesar de las trabas que se les imponen, desarrollan su trabajo en favor de una sanidad pública y universal.
Montse Pineda, representante de la Alianza señala que “hay Comunidades Autónomas, como Cataluña y Euskadi, que han maquillado el RD pero su aplicación sigue basándose en la exclusión y no en la universalización real del acceso a la sanidad porque lo asociación al empadronamiento. En el caso de las personas con VIH, Aragón es la comunidad autónoma donde están teniendo más dificultad en el acceso a la cobertura sanitaria. Al mismo tiempo, denunciamos que CCAA como la Balear hace de este decreto bandera de la exclusión y la discriminación.
Finalmente la Alianza denuncia la facturación y pre-facturación como efecto disuasorio en los supuestos donde sí se contempla la atención sanitaria, como en los casos de urgencias, lo que considera una práctica poco ética e ilegal. Así a su vez denuncia que las medidas que dice adoptar el decreto sobre menores y mujeres embarazadas no son cumplidas por las CCAA las cuales hacen una lectura restrictiva a la hora de ofrecer una atención adecuada. .
La Alianza de Plataformas de VIH sigue haciendo una llamada a las profesionales sanitarias a la objeción de conciencia, a las ONG a denunciar la constante vulneración de los derechos y a la ciudadanía a reberlarse contra las medidas que vulneran los derechos de todas nosotras.