En declaraciones a Efe, Silvia García ha relatado que, en 2011, al carecer de pareja masculina, acudió a la sanidad asturiana demandado su derecho a recibir técnicas de reproducción asistida en su deseo de tener descendencia, circunstancia que le fue denegada.
Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés desestimó su demanda de que se declarase nula la resolución de la Dirección de Salud del Principado de Asturias en la que deniega los tratamientos de reproducción asistida a mujeres solas.
El 26 de abril de 2013, el TSJA revocó la resolución del juzgado de Avilés en el sentido de declarar el derecho de la demandante a que le sea facilitado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los términos y límites usuales en la unidad correspondiente, así como a que se sean reintegrados los gastos que se declararon probados, en cuantía de 7.723.
Los demandados, la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado de Asturias, han sido condenados a estar y pasar por esta declaración y a hacer lo necesario para su efectivo cumplimiento.
La sentencia indica que la Constitución ampara el principio de igualdad de trato y no disminución por razón de sexo y entiende que en los casos de esterilidad no puede excluir la que en términos médicos se denomina como primaria (ausencia de factor masculino), ya que, de lo contrario, se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación.
Silvia García ha señalado que los 7.723 euros que apunta la sentencia corresponden al dinero que gastó en cuatro intentos fallidos de inseminación artificial realizados en diversas clínicas privadas.
Ha agregado que ha desembolsado un montante superior en una quinta inseminización y una fecundación in vitro, que motivó que hace cuatro semanas diera a luz a un bebé.
La lesbiana, integrante del colectivo XEGA, ha asegurado que seguirá litigando para intentar que se le reintegre todo el dinero que ha gastado en tener descendencia tras negarle la Consejería su derecho a someterse a técnicas de reproducción asistida a través de la sanidad pública.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad han reseñado a Efe la voluntad del Servicio de Salud del Principado de Asturias de acatar la sentencia.