El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado reforzar la legislación comunitaria para combatir el racismo y la xenofobia en Europa y más esfuerzos a los Estados miembros también para prevenirlos en una resolución consensuada por todos los grupos políticos y adoptada a mano alzada por amplia mayoría.
Los eurodiputados han defendido que se promuevan medidas que garanticen que todos los instrumentos de la UE en el ámbito del derecho penal incorporen una amplia gama de sanciones, incluidas penas alternativas a la cárcel como servicios a la comunidad cuando sea posible y han reclamado la elaboración de una estrategia europea ‘completa’ para combatir este fenómeno.
En este sentido, han reclamado la revisión de la decisión marco del Consejo para combatir ciertas formas y expresiones de racismo y xenofobia a través del Derecho criminal, incluido en los casos de expresiones y actos antisemitas, de intolerancia religiosa, manifestaciones contra los gitanos, por homofobia y transfobia. En el texto, también han reivindicado que el papel de las autoridades nacionales responsables de la lucha contra la discriminación sea reforzado y se mejore también la responsabilidad frente a discursos del odio e incitación a los crímenes de odio.
Directiva sobre igualdad
Asimismo, los eurodiputados han instado a los Estados miembros a emprender acciones contra el racismo y la xenofobia para impedirlos a través de la educación, promoviendo una cultura de respeto y garantizando que los crímenes de odio son denunciados por las víctimas. ‘La intolerancia y la discriminación en todas sus formas nunca deben aceptarse en la UE’, han reivindicado en el texto adoptado.
Los eurodiputados también han pedido a los Estados miembros que adopten la directiva sobre la igualdad y contra la discriminación sin más retrasos al considerar que ‘representa uno de los instrumentos principales de la UE’ para promover y garantizar la igualdad ‘genuina’ en la UE y para combatir la discriminación y han lamentado por ello que la directiva siga bloqueada desde hace cinco años por el rechazo firme de ‘pocos Estados miembros’.
En el texto, también han reclamado medidas para garantizar la aplicación de las estrategias nacionales de integración de las poblaciones gitanas a través de revisiones periódicas, la supervisión y apoyo, para que las autoridades locales, regionales y nacionales de los Estados miembros desarrollen políticas eficaces que garanticen el cumplimiento de sus derechos