Joana Goodey, jefa de Libertades y Justicia de la FRA y responsable del primer macro estudio sobre violencia de género que se ha realizado en la Unión Europea, ha mostrado un estudio estadístico impulsado por la Presidencia Española que ha cifrado en 62 millones el número de ciudadanas que alguna vez han sufrido violencia física o sexual. El objetivo es repetir este análisis cada cinco años para ver la evolución.
Según afirma, ‘España ha estado a la cabeza de la lucha contra la violencia de género y es de aplaudir su labor en el reconocimiento de esta violencia en el ámbito de la pareja’, porque ha logrado ‘tremendos avances‘ en los últimos diez años, pero ‘la cuestión ahora es si el Estado es capaz de reconocer’ que la violencia contra las mujeres tiene otras muchas caras’. En sus palabras:
Lo que ha dejado claro nuestra investigación es que la violencia de género es más que violencia en el ámbito doméstico: la violencia sobre las mujeres es también el abuso en la infancia, es también acoso sexual en el trabajo, es también percibir violencia de extraños, como cuando vas andando por la calle y recibes una atención no deseada, que puede ser muy intimidante.’
‘España ha hecho un gran trabajo en la lucha contra la violencia sobre las mujeres ejercida por sus parejas, pero ahora la cuestión es: ¿Existe el compromiso político de abarcar otras formas de violencia sobre las mujeres?’, plantea Goodey, consciente de que la legislación española en la materia cumple ahora diez años. ‘Llegados a este punto, bueno, hay que reconocer que la violencia contra las mujeres es mucho más amplia’, añade.
Una respuesta coordinada
Asimismo, señala ‘una segunda pregunta para España’ y es ‘si tiene una respuesta coordinada a la violencia contra las mujeres’. ‘Si cada tipo de violencia, como por ejemplo la violencia en el ámbito doméstico o el acoso sexual en el trabajo, lo lleva un ministerio distinto, no obtienes la visión holística que el problema requiere’, ha asegurado.
‘Hay mucho trabajo que tiene que hacerse, es complicado implementarlo, pero lo importante no es ratificar la Convención sino ponerla en práctica y eso significa empoderar a las mujeres para que denuncien las agresiones tanto de sus parejas como de extraños y esa es la prueba real que afronta España, monitorizar si las denuncias están o no aumentando, si la confianza en la justicia y en la policía suben o no, y si las mujeres están acudiendo a las instituciones o a otras organizaciones’, según explica:
Quizá en España haya ahora menos fondos o menos apoyo, pero con la directiva la respuesta es muy clara: cada víctima debe ser asesorada individualmente y tiene que recibir los servicios de apoyo adecuados y esto es tanto en caso de violencia de género en el ámbito doméstico como ante una agresión sexual: el Estado tiene que proporcionarle la asistencia adecuada.’