El martes pasado os anunciamos la presentación y debate por parte de la Comisión de Igualdad del Congreso de la proposición no de ley que tenía como objetivo instar al Gobierno a elaborar una Ley Integral de Transexualidad que vincule a todas las instituciones del Estado.
Pues a pesar de que ayer se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos y -casualmente- ser el colectivo trans el que tiene mayor riesgo de exclusión, pobreza y violación de sus derechos fundamentales en la Unión Europea, la portavoz del Grupo Popular, María del Carmen Rodríguez Maniega, ha avanzado que ser modificado el texto al acomodo popular su partido no apoyará la iniciativa.
Según Rodríguez Maniega, su partido defiende que ya existen mecanismos de protección de las personas transexuales frente a la discriminación, que España atiende a las directrices europeas y que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas.
El portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto Iglesias, ha lamentado que el PP apoyase la ley andaluza y no haya respaldado una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid, primero, y ahora en el Congreso de los Diputados. En sus palabras:
Es fundamental que se de solución a estas personas. […](que sufren de) problemáticas terribles tanto en el ámbito laboral como en el sanitario, donde se ven obligadas a considerarse personas enfermas’.
CiU, por su parte, se abstendrá en la votación, pues en palabras de su portavoz Maria Carme Sayós i Motilla, es algo que ‘corresponde a cada comunidad autónoma la elaboración de su propia ley adaptada a sus características particulares.’
Reclamando su ”derecho” a discriminar
El texto, que finalmente será sometido a votación con el aviso de que el Partido Popular hará valer su mayoría en la cámara, ha sido consensuado con otros grupos de la cámara que sí que han visto incorporadas sus enmiendas, pide al Gobierno que elabore una norma que entre otras cuestiones, ‘despoje de carácter patológico a la transexualidad’ y contenga ‘medidas de inserción laboral y fomento del empleo para la población transexual’.
A su vez, la proposición incluye una reforma de la Ley de Identidad de Género respecto a aspectos tan capitales para la vida de una persona trans como la temporalidad de su tratamiento, la eliminación del diagnóstico por disforia de género, la inclusión de menores en la ley y la posibilidad de adecuar el nombre y el sexo en la tarjeta de resdicencia de personas transexuales extranjeras.
En su texto, la ley pretendida también contemplaba ‘La igualdad en la atención sanitaria a las personas transexuales con respecto al resto de la ciudadanía al tiempo que se avanza en la cobertura sanitaria del tratamiento de reasignación de sexo.’
Por último, se proponía la incorporación de ‘medidas concretas para las personas transexuales mayores’ junto a ‘los cambios necesarios en los documentos de identidad a fin de que sean reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación por el sexo de las personas’.