La Casa Blanca ha condenado la promulgación de la ‘aberrante’ ley de Uganda que penaliza las relaciones homosexuales y ha reclamado su derogación, a la vez que considera que supone un retroceso tanto en materia de Derechos Humanos como de protección de la salud pública.
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, firmó ayer la ley que aumenta las penas de prisión contra los homosexuales, incluyendo la cadena perpetua para aquellos que ‘reincidan”, y que castiga a familiares y allegados que no denuncien estas prácticas.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, ha lamentado en su declaración oficial
(Museveni) en lugar de ponerse del lado de la libertad, la justicia y la igualdad de derechos’, lleva a su país un paso atrás con una ley que criminaliza la homosexualidad’.
En este sentido, Carney ha reiterado las palabras del presidente estadounidense, Barack Obama, calificándola como un ‘agravio’ y un ‘peligro’ para la comunidad gay residente en el país africano.
Esta ‘aberrante’ ley, según Carney, demuestra la falta de compromiso del Gobierno de Uganda con los Derechos Humanos de su población y conlleva perjuicios para la salud pública, especialmente en lo referente la prevención del VIH.
Amnistía Internacional también muestra su repulsa
Amnistía Internacional también ha mostrado públicamentesu rechazo a la citada ley de Museveni, definiéndola con los adjetivos ‘draconiana’, ‘perjudicial’ y ‘ofensiva’.
Me diante un comunicado, la directora adjunta del Programa Regional para África de AI, Michelle Kagari, ha manifestado:
Esta ley es profundamente ofensiva y atenta contra los Derechos Humanos de todos los ugandeses. Nunca debería haber llegado tan lejos. […] Institucionalizará el odio y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en Uganda. Su promulgación constituye un episodio muy grave en la historia de este país’
Amnistía internacional también ha denunciado que la normativa recoge el delito de ‘apología de la homosexualidad’, que afectará a los defensores de los Derechos Humanos y a los profesionales de la salud. Por ello, la organización ha criticado que ‘supone una burla de los derechos consagrados en la Constitución de Uganda‘.