Fuentes de PSOE-A y de IULV-CA han informado a Europa Press sobre la obtención de un texto de consenso entre ambos partidos, el viceconsejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate y representantes de ATA y Conjunto Difuso.
El contenido de ese acuerdo será presentado mañána en una rueda de prensa en el Parlamento Andaluz. En ella estarán presente las diputadas de PSOE-A y de IULV-CA Soledad Pérez y Alba Doblas, respectivamente, así como miembros de las dos asociaciones de transexuales.
Este acuerdo se ha producido después las citadas asociaciones se quejaran de que la negociación sobre la futura ley estaba paralizada y anunciaran el inicio de una huelga de hambre este jueves, que tal y como se comprometieron con el Defensor del Pueblo Andaluz, han desconvocado.
Reacciones de los colectivos de activismo transexual
La presidenta de ATA, Mar Cambrollé -en la imagen-, ha manifestado que las dos peticiones planteadas por los colectivos han sido aceptadas, como que la ley se registrara antes del 20 de diciembre y el consenso en torno a los dos artículos que quedaban pendientes y que hablaban de la atención sanitaria.
Cambrollé ha apuntado concretamente que se refieren a la descentralización de la atención a las personas transexuales, de manera que puedan ser atendidas en sus provincias, excepto la cirugía de reconstrucción genital, que se deriva al Carlos Haya de Málaga, y que quedará además como una unidad de coordinación e investigación.
A su vez, ha querido agradecer además el ‘gran apoyo social, político y sindical’ en sus demandas y ha expresado que, sin duda, se ‘respiran aires nuevos en la Consejería de Salud’.
Como se recordará, el pasado mes de febrero, el grupo parlamentario de IULV-CA retiró la proposición de Ley para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de Las personas transexuales, que fue admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, después de que surgieran ‘algunas dudas’ sobre sus contenidos que podrían suponer un ‘informe desfavorable’ por parte del Consejo de Gobierno.