Desde el año 2014, Cataluña tenía firmado una ley para garantizar los derechos del colectivo LGTBI que, entre otras medidas, contemplaba eliminar la discriminación por razones sexuales en el acceso público a la reprodución asistida.
Un pacto que se firmó con con muchas ganas pero que con el paso del tiempo se ha ido volatilizando. Sin embargo, la rueda de prensa ofrecida por el conseller de Salud de la Generalitat ha conseguido activar una de estas cláusulas que se había quedado en un estado de suspensión.
Así, Comín ha lanzado un nuevo protocolo, de implantación inmediata y que ha sido consensuado con diversas entidades de carácter LGTB, en el que se garantiza los tratamientos de reproducción asistida al colectivo lésbico y a las mujeres solteras.
El nuevo protocolo establece dos vías clínicas: una para las mujeres que acceden a la reproducción por razones de carencia de fertilidad, y otra por motivos que no son clínicos, que requieren mayoritariamente inseminación artificial.
Para dar respuesta a estas pacientes, el protocolo prevé aumentar de los ocho centros que actualmente realizan inseminación artificial a entre 15 y 20 hospitales, que ofrecerán este tratamiento ‘en función de la demanda’.
Según Comín:
La ampliación se dirige a 10.000-36.000 mujeres catalanas con deseo gestacional de entre 18 y 40 años. A partir de hoy todas las mujeres en Catalunya tendrán derecho a la reproducción asistida dentro del sistema sanitario público. No prevemos que el protocolo incremente la lista de espera porque la mayoría de mujeres que se incorporarán necesitarán una técnica de menos coste y complejidad.”
Desde la entidad Ca la Dona, Maria Rodó ha celebrado que el protocolo soluciona una ‘situación de discriminación y vulneración de derechos’, además de que incluye la visión feminista que reclamaban las asociaciones, a través de la no medicalización. Sin embargo, ha afirmado que el protocolo se debe poner en práctica en los centros sanitarios y asegurar que se difunda.