Durante todo el mes de octubre, la actualidad andaluza ha tratado -y mucho- la cuestión de la transexualidad en la escuela. A lo largo del mes, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación contra tres colegios de Málaga, dos concertados religiosos y uno público, que han mostrado reticencias a atender la solicitud de los padres para que respeten la identidad de género de sus hijos.
La cuestión es más habitual de lo que podemos llegar a pensar, puesto que la Academía de Pediatría de EEUU señala que la identidad de género se establece entre los dos y los cinco años, y de lo más importante, puesto que obliga a padres e instituciones a salirse de lo políticamente correcto y entrar en una cuestión que se presenta ante sus ojos de manera concreta, real.
En el caso de Andalucía, dos de los colegios han decidido mostrarse a favor de los derechos de los menores transexuales, sin embargo, el tercer centro, un concertado de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria de Málaga, dependiente del obispado, sí que está poniendo trabas para que una de sus alumnas pueda ser reconocida por lo que es: una niña.
En este caso, la situación se ha extremado puesto que la Junta de Andalucia ha instado al centro a que antienda a la condición sexual de la pequeña y un grupo de padres ha decidido mandar una carta en la que reprochan a la Junta de Andalucía que haya actuado sin consultar a las demás familias del centro y sin pensar ”en los posibles efectos” que esta decisión ”puede provocar en el normal desarrollo social y psicológico del resto de los alumnos”.
Respuesta institucional
La Junta de Andalucía no ha tardado en reaccionar y su respuesta ha sido contundente y precisa. Un portavoz de la Delegación de Educación de Málaga aseguró que la Junta no va a atender la petición de estos padres porque entiende que las instrucciones que se han formulado ”no son lesivas” para ningún alumno. ”En absoluto nos planeamos dar marcha atrás”, indican desde Educación, que ha trasladado a la fiscalía la negativa del colegio a atender sus directrices.
Por su parte, Los sindicatos mayoritarios en el sector educativo apoyaron la petición formulada por padres de menores transexuales para que los colegios respetaran la identidad sexual de los niños. El secretario de Enseñanza Concertada de UGT Andalucía, Jesús Bru, recuerda que los centros concertados tienen ”los mismos derechos y obligaciones” que los públicos.
Además, La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha censurado el escrito de los padres, a los que les acusa de estar ”desafiando” el cumplimiento de un derecho. ”Las recomendaciones que ha hecho educación están basadas en derechos fundamentales”, señala Mar Cambrollé, presidenta de ATA. ”En un Estado aconfesional deben prevalecer las leyes que hemos aprobado los ciudadanos. Y las opiniones religiosas deben quedarse en lo privado”, añade Cambrollé, que insiste en la necesidad de que el Parlamento andaluz tramite la ley integral de transexualidad puesto que: ”Con la ley aprobada no pasarían estas cosas”.