Se suceden las condenas a la ley anti LGTB de Uganda
La creciente violencia LGTBfobia y desprotección de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en el continente africano está configurando un arriesgado entorno para la comunidad en la mayor parte del África negra, por lo que numerosos grupos e instituciones por los derechos humanos comienzan a apelar a las fuerzas internacionales para pedir su derogación.
Cárcel de por vida
La pena de muerte con que se pretendía castigar la homosexualidad “con agravantes” en el texto original del proyecto de ley anti LGTB ugandés ha sido sustituida por cadena perpetua.
Entre las personas que pueden ser acusados de “homosexualidad con agravantes” figuran los denominados “reincidentes” y cualquier persona portadora del VIH que hayan mantenido relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo, incluso con consentimiento mutuo y protección.
La Ley también incluye la criminalización de la “promoción” de la homosexualidad, la obligatoriedad de las pruebas de VIH en ciertas circunstancias y la aplicación de cadena perpetua por contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Además, también incluye prisión para quienes que no denuncien a la Policía las prácticas homosexuales
Surgen numerosas reacciones en contra
Como ya han adelantado desde Amnistía Internacional, esta legislación, además de violar los derechos a la intimidad, la vida familiar y la igualdad, la futura ley amenaza la libertad de reunión y expresión –derechos y libertades protegidos por las leyes de Uganda y el derecho internacional de los derechos humanos– e institucionaliza la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales, ya descaradamente discriminados en el país.
En España, la sociedad LGTB ugandesa cuenta con el apoyo de FELGTB y COLEGAS, las dos principales ligas de asociaciones activistas, así como del grupo político socialista, que mediante su secretaria de igualdad, Purificación causapiá, ha instado al Gobierno y a la UE a condenar esta legislación LGTBFóbica, a través de una iniciativa en el Congreso de los Diputados, y a favorecer las condiciones de asilo en nuestro territorio para las personas que lo soliciten.