Educación propone abrir un expediente sancionador al Colegio Divina Pastora de Sanlúcar
El pasado mes de mayo, un ex profesor del colegio concertado Casalancio Hijas de la Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda interpuso una demanda tras no ver renovado su contrato en la que alegaba ‘vulneración del derecho fundamental a la orientación sexual.’
Hoy conocemos que la la Inspección de Educación que se llevó a cabo en el centro ha visto indicios de incumplimiento de la normativa de selección y contratación del profesorado en el citado caso, por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador al centro educativo.
Según el informe de la Inspección de Educación el colegio realizó ‘un procedimiento de selección de personal para una plaza inexistente, puesto que no había comunicado la extinción del contrato de relevo de la plaza presuntamente vacante y, además, no realizó el acto de publicidad mínimo en el tablón de anuncios del centro, con carácter previo’.
El inspector señala asimismo que no consta que el Consejo Escolar del centro tenga aprobados los criterios de selección, con atención preferente a los principios de mérito y capacidad. Además de advertir ciertas irregularidades den cómo se llevaron a cabo las entrevistas de selección.
Por esta razón, el inspector afima:
(No encontramos) justificación alguna al informe pedagógico con fecha 2 de diciembre en el que se concretan las razones de tipo pedagógico que viene a ahondar en las razones que justifican la decisión de la baja del docente en el centro.’
Gran espaldarazo su demanda
El docente, tras ver cómo su demanda fue desestimada por el Juzgado de lo social número 3 de Jerez, aseguró entonces ‘que lo recogido en el informe que utilizó el colegio como escudo sólo se basaba en la versión aportada al inspector por parte del centro, sin contrastar con otros documentos y evidencias que fueron ocultadas por la dirección del colegio para protegerse de la denuncia’.
Hoy en día, el denunciante se ha mostrado ‘optimista de cara al recurso interpuesto dado que ve probado en este documento firmado por la Inspección de Educación las ilegalidades cometidas por el colegio para enmascarar los motivos homofóbicos que envuelven su terminación de contrato’.
También ha manifestado que ‘Los testigos aportados por el centro al primer juicio participaron de la ocultación de esas ilegalidades, como un sacerdote que, ante la jueza, evitó relatar las razones homófobas que en privado reconoció, escudándose en un supuesto secreto de confesión’.
En su propias palabras:
(En las pruebas obtenidas y presentadas por él mismo) figuran afirmaciones de responsables del centro como que ser gay molesta, que valora la profesionalidad del profesor pero no se puede dejar llevar por ello, o que los niños con esa tendencia lo pasan mal en este colegio porque la comunidad reacciona bastante mal’.