La Junta avala el trámite de la proposición de Ley de Transexualidad andaluza

La tramitación del proyecto de Ley Integral de Transexualidad andaluza, presentada por los grupos parlamentarios Socialista e Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía de acuerdo a las peticiones de los grupos de activismo trans regionales, ha sido estimado como favorable por la Junta de Andalucía.

Esta iniciativa da respuesta a las demandas planteadas por este colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

¿Para qué servirá esta ley?

La Junta de Andalucía ha señalado que el objetivo fundamental de la propuesta es garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta a la que tienen al nacer y unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía.

En este sentido, el futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. En este último ámbito, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.

Por otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.

En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.

Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.

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