Sanidad matiza: Los antirretrovirales estarán exentos de copago
Los medicamentos de dispensación ambulatoria en el hospital, es decir aquellos que ‘sin tener la calificación de uso hospitalario’ solo se dispensan a pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, quedarán sometidos a partir del 1 de octubre para su dispensación al copago farmacéutico, con un límite de aportación reducida.
El Ministerio de Sanidad explicó ayer a Europa Press que no se incluirán los medicamentos de uso hospitalario, como es el caso de los antirretrovirales para el VIH que, por lo tanto, ‘no tendrán aportación’ por parte del paciente.
La resolución del 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado , es una medida ya se anunció hace unos meses y que estará sujeta a la necesidad de cada Comunidad Autónoma, pues serán ellas las que motiven su implantación.
Algunos de los fármacos que sí se verán incluidos en esta resolución son específicos para el cáncer de mama avanzado, el cáncer de riñón avanzado, el tratamiento de tumores cerebrales -además de otros prescritos para la leucemia mieloide crónica, el tratamiento de tumores malignos no metastásicos del estroma gastrointestinal, la reprodución asistida, la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros….-
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Surgen reacciones contrarias a esta medida
Tras conocer la implantación de esta medida, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha manifestado su desacuerdo con el establecimiento del copago.
Para ello alegan que se debe tener en cuenta que los pacientes de patologías crónicas ya consumen otros medicamenteos sometidos al copago y que en muchos casos se trata de personas con ingresos reducidos, como los pensionistas, por lo que dificulta el acceso a medicamentos necesarios para la salud a sectores de población de menor renta.
En el mismo sentido la Secretaria de Política Social del Partido Socialista, Trinidad Jiménez, ha manifestado su rechazo, a la vez que ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad.
A su juicio, con esta medida ‘el Gobierno se ceba con los enfermos, castigando y empobreciendo a los más vulnerables’. Jiménez califica de ‘inadmisible’ que ‘en una situación de crisis económica demuestren una insensibilidad tan grande hacia las personas que están sufriendo enfermedades muy graves’.
Asimismo, ha recordado que la medida se desarrollo según informó el Gobierno con el objetivo de lograr un uso racional del medicamento en España, ‘pero ahora estamos viendo su verdadero objetivo: que la gente tenga que pagar sus tratamientos’, destaca.
Por su parte, el portavoz de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos ha explicado que la medida ‘afectará a personas que siguen un tratamiento contra el cáncer o la Hepatitis C, haciendo que junto a otros copagos, esta nueva decisión de Mato se pueda constituir como una nueva barrera de acceso a medicamentos que son necesarios para este tipo de pacientes’.
En su opinión también ha criticado el ‘ocultismo’ que ha vuelto a practicar en esta ocasión el Gobierno al aplicar este nuevo hachazo, ya que ‘la ministra Mato compareció ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso y no fue capaz de anunciarnos la medida’.
Desde la FELGTB se ha solicitado la inmediata derogación del Real Decreto 16 / 2012 que ha abierto la puerta al copago hospitalario -sumándolo al farmacéutico- y ha destacado que ‘estas iniciativas de evidente carácter recaudatorio que recaen sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad‘.
Santiago Redondo, coordinador del Área de Salud, ha destacado que “las medidas de recorte y repago tienen un marcado carácter ideológico: afectan de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, promoviendo su exclusión social en lugar de su protección. El Gobierno está destrozando el Estado de bienestar y poniendo en riesgo la salud y la vida de toda la población”.